En un paso sin precedentes, el gobierno de Bahamas ha anunciado que comenzará a pagar directamente a los médicos cubanos que prestan servicios en su sistema de salud. Esta decisión representa mucho más que un simple cambio administrativo: es una respuesta directa a las crecientes denuncias internacionales sobre las condiciones de trabajo que enfrentan estos profesionales bajo el control del régimen cubano, y a la presión política ejercida desde Washington por figuras como el senador Marco Rubio, quien hace unas semanas ya había denunciado todas las irregularidades en estas misiones, en su visita a Jamaica:
Un giro diplomático que podría marcar un antes y un después para cientos de profesionales de la salud en Bahamas:
Con esta nueva política, Bahamas busca garantizar que los derechos laborales de los colaboradores extranjeros, principalmente cubanos, sean respetados, asegurando que reciban el salario completo que merecen por su labor. La medida, aunque aun en proceso de implementación, tiene el potencial de transformar el modelo de cooperación médica que ha estado vigente durante décadas entre Cuba y otros países del Caribe y América Latina.
¿Esclavitud moderna bajo el disfraz de misión humanitaria?
Durante años, la cooperación médica cubana ha sido presentada como un ejemplo de solidaridad internacional. Sin embargo, informes recientes revelan una realidad muy diferente: muchos de estos trabajadores reciben solo una fracción del salario que Bahamas paga por sus servicios.
Según documentos obtenidos por el proyecto independiente Archivo Cuba, el régimen de La Habana se queda con entre el 83,9% y el 91,6% del dinero que paga Bahamas por cada colaborador. Por ejemplo, si el país caribeño paga hasta 12.000 dólares mensuales por un médico especialista, el profesional cubano solo recibe unos 1.200 dólares. En el caso de técnicos de salud o ingenieros en computación, el estipendio es incluso menor, de apenas 990 dólares al mes, pese a que Bahamas desembolsa 5.000 por cada uno.
Además del injusto reparto del salario, estos profesionales deben enfrentarse a restricciones impuestas por el gobierno cubano: tienen prohibido aceptar contratos independientes, están obligados a guardar confidencialidad sobre sus condiciones laborales y, en muchos casos, son obligados a participar en manifestaciones políticas organizadas por la embajada cubana. Algunos incluso permanecen en Bahamas sin permisos migratorios vigentes, una violación de las leyes del país anfitrión.
Bahamas responde a la presión internacional y busca garantías:
El anuncio fue realizado por el primer ministro bahameño, Philip Brave Davis, en una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional Lynden Pindling. Davis afirmó que su gobierno está comprometido a garantizar condiciones laborales justas y transparentes para todos los trabajadores extranjeros, incluyendo los cubanos.
“Queremos asegurarnos de que ningún trabajador en nuestro territorio sea víctima de trabajo forzoso”, declaró Davis, tras reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. “Si descubrimos que hay indicios de explotación, corregiremos la situación de inmediato.”
La medida también abarca la revisión de todos los acuerdos laborales con gobiernos extranjeros, incluyendo otros países que suministran mano de obra a Bahamas, como Filipinas. No obstante, el foco principal de este cambio sigue siendo la relación con Cuba, debido al historial de denuncias y a la opacidad que rodea el manejo del programa de cooperación médica.
El informe de Archivo Cuba también resalta que, además del salario, Bahamas cubre los gastos de alojamiento, transporte, seguros médicos y cursos de inglés para los colaboradores cubanos. Todo esto eleva el costo total por trabajador muy por encima del salario promedio local, sin que ello se refleje en un mayor beneficio para los profesionales.
Actualmente, más de 100 trabajadores cubanos laboran en hospitales como el Princess Margaret y el Rand Memorial, así como en otras instituciones sanitarias de Bahamas. La mayoría son médicos, enfermeros, fisioterapeutas e ingenieros biomédicos, muchos de los cuales cumplen funciones de baja cualificación pese a su formación.
¿Un modelo cubano insostenible?
Mientras el régimen cubano ingresa más de 11 millones de dólares anuales por esta cooperación con Bahamas, los profesionales siguen atrapados en una dinámica de precariedad económica y control político. Las recientes declaraciones del ministro cubano de Salud, José Ángel Portal Miranda, confirmaron prácticas antes negadas oficialmente, como la retención de pasaportes por parte de las jefaturas de brigadas, una medida que, según sus palabras, buscaba evitar “deserciones”.
Organismos internacionales y legisladores estadounidenses como Marco Rubio y Carlos A. Giménez han calificado esta situación como una forma de “esclavitud moderna”. De hecho, el Departamento de Estado de EE. UU. estima que Cuba obtiene más de 4.900 millones de dólares anuales a través de la exportación de servicios médicos, reteniendo la mayor parte del ingreso generado por los trabajadores.
La decisión de Bahamas puede convertirse en un referente regional, y tal vez global, sobre cómo enfrentar de forma ética y transparente la cooperación internacional en el sector de la salud. Queda por ver si otros países seguirán el ejemplo y si el régimen cubano estará dispuesto a renunciar a uno de sus principales ingresos a cambio de respetar los derechos de sus profesionales.
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